sábado, 2 de abril de 2022

Juventud Radical, 1982, sobre la Guerra de Malvinas

Nota a la que accedí, del correligionario Gustavo Bermann

Declaraciòn de la JR en 1982 Sobre La Guerra de Malvinas.

Este documento fue el resultado del seminario realizado en Necochea en la Semana Santa del 82.

La reunión estaba programada con anticipación, mucho antes del 2 de abril. 

A pesar de la situación que se vivía resolvimos hacerla igual.

Así fueron llegando amigos de toda la provincia al viejo hotel “Avenida” el que sirvió de lugar de deliberaciones además de alojamiento.

Vale la pena leer y releer lo escrito en aquellos días, no era fácil sostener aquella posición.

 La conducción oficial de partido encabezada por  Carlos Contín acompañaba la aventura bélica como la inmensa mayoría de los argentinos, hasta algunos miembros de nuestra propia organización sostenían que era lo correcto.

No nos equivocamos y junto a unos pocos, nada menos que Arturo Illia y Raúl Alfonsín estuvimos en lo correcto.

Como en aquellos años, cuando de convicciones se trata no importa nadar contra la corriente. Hay que hacerlo.

 LA JR FRENTE A LA RECUPERACIÓN DE MALVINAS.-

La Juventud Radical de la Pcia. De Buenos Aires, coherente con la posición que la U.C.R. ha sostenido en materia de política internacional con respecto a la usurpación de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, frente a los acontecimientos de público conocimiento, ratifica la reivindicación de nuestra soberanía; pues repudiamos al imperialismo y al colonialismo, que son formas de dominación que atacan la soberanía de las naciones.

Decimos coherentemente, pues durante el Gobierno Constitucional del Dr. Arturo Illia, Argentina arrancó en el seno de las Naciones Unidas por primera vez, en ese foro internacional, el reconocimiento de la condición de territorio ocupado por una potencia colonialista, que había invadido el Archipiélago.

 Merece destacarse que este triunfo diplomático fue producto de una política que en lo interno respetó al hombre, que desarrolló la cultura y la educación, protegió al aparato productivo de la Nación y sus riquezas naturales, como nunca luego se hizo y que, en síntesis, convirtió a la Argentina en una Nación soberana digna del respeto de todo el mundo. Ningún país votó en contra de argentina en 1965, en aquella época regía la soberanía popular, esto es, gobernaban el país los representantes del pueblo, funcionaba el congreso, el Poder Judicial era independiente, las Provincias eran autónomas: era una República representativa y federal, había libertad y democracia.

La soberanía nacional es el ejercicio práctico del derecho a la autodeterminación del pueblo en lo que hace a todas sus manifestaciones: cultura, educación, política, economía, bienestar, etc.; no agotándose exclusivamente en la ocupación territorial.

La soberanía que reclamamos sobre las Islas del Atlántico Sur es la misma que queremos ejercer en el territorio de toda la Nación. Hoy hemos recuperado el territorio ocupado por la fuerza hace 149 años por los ingleses, nos queda todavía la inmensa tarea de que el pueblo argentino – a través de la plena vigencia de la Constitución Nacional – sea quien rija los destinos de la Nación y poder ejercer plenamente la soberanía en toda la extensión de su significado.

Pretendemos ejercer plenamente la soberanía popular, sin condicionamientos ni límites al disenso y ejercer en consecuencia la soberanía nacional sobre todo el territorio de la Nación.

Sin embargo la Juventud Radical no puede dejar de resaltar que este acto de recuperación se contradice gravemente con toda la política desarrollada por el Proceso. 

En efecto, este gobierno avasalló la soberanía popular, ejerciendo la fuerza. Ha comprometido – sin legitimidad alguna- el patrimonio nacional destruyendo el aparato productivo, probando una desocupación a niveles inéditos. Ha expresado su decisión de entregar el dominio del subsuelo y la plataforma submarina a favor de empresas multinacionales.

El régimen militar, igualmente, ha reprimido a los argentinos que han sufrido la destrucción de sus fuentes de trabajo, del salario y de la posibilidad que sus hijos accedan a la enseñanza pública y gratuita, ha minado las bases del sistema de seguridad social, ha despreciado la capacidad intelectual y moral de los argentinos privándolos de la creación y goce del arte y la cultura.

El día 30 de marzo se ha abierto fuego contra obreros desarmados y se llegó a asesinar fríamente a un manifestante y herir a muchos más por haber cometido el “delito” de reclamar a las autoridades pan, paz y trabajo.
Este aislamiento no se limitó a nuestras fronteras.

 También se aisló de la comunidad internacional haciéndose acreedor de la peor de las reputaciones, caracterizándosela como una dictadura facista. Así, la justa reivindicación de nuestros derechos soberanos sobre las islas ha quedado diluida entre otras cosas, por la violación sistemática de los derechos humanos con su secuela de muertos y desaparecidos, presos y exiliados.

En este marco agravado por la imprevisión e irresponsabilidad gubernativa, se produce el hecho militar. No se contempló para producir tal hecho el estado de vulnerabilidad de la Nación Argentina, caracterizado por:
a.- Moral del pueblo quebrantada por la crisis social, económica y cultural, agravada por la corrupción más grosera que conoció el país.
b.- Economía devastada, resortes básicos en manos extranjeras.
c.- Desprestigio internacional del gobierno militar, considerado como una dictadura facista en un plan de expansión militarista.

El pueblo sufrirá los resultados de esta imprevisión porque el mayor peso de la crisis sobreviniente caerá sobre sus espaldas, ya que no se ha tomado en cuenta:
a.- La reacción de las naciones – europeas y americanas, fundamentalmente- y las decisiones de los organismos internaciones (ONU, OEA y Países No Alineados).
b.- Medidas económicas de embargos, bloqueo de fondos, vencimiento de deuda externa y consecuente moratoria, cese de importaciones de material imprescindible, incluso de uso militar.
párrafo aparte merece señalar la irresponsabilidad con que se ha presentado el hecho consumado al pueblo, de una medida que si bien involucra una reivindicación territorial sentida y anhelada por todos no ha tenido presente la gravedad de la situación del país. Es así porque:
a.- Existe peligro de una internacionalización del conflicto.
b.- El desprecio a la vida que significa una guerra. Es oportuno recordar que los constituyentes de 1853 reservaron al Congreso nacional la facultad de declarar la guerra y a la Cámara de Diputados –representantes del pueblo de la Nación- la iniciativa de las leyes sobre reclutamiento de tropas. En cambio, hoy el pueblo es llamado a una guerra sin haber consultado antes su opinión y es convocado a Plaza de Mayo a manifestar su apoyo a tal evento; tres días antes, en el mismo lugar, el mismo pueblo fue reprimido salvajemente por quienes hoy hablan de la unidad de los argentinos.
c.- Por la utilización del hecho histórico para paliar el creciente deterior y crisis interna del proceso.
d.- por jugar con el sentimiento patriótico de nuestro pueblo que siempre ha defendido la soberanía cuando ésta ha estado en peligro.

Es por eso que la ratificación que el pueblo en su conjunto, sin distinción de banderías o sectores ha realizado, no deberá ser interpretada por las actuales autoridades como una  adhesión  la política gubernamental ya que el pueblo sigue viendo con preocupación y angustia al que lo desconoció como fuente legítima de poder y ahora lo convoca a enfrentar una situación que pueda terminar en un conflicto armado.

El apoyo que reclama el gobierno ante el hecho consumado y la eventual agresión británica encontrará la condigna respuesta popular; pero ella significará también la exigencia que, de aquí en más las decisiones sean tomadas y compartidas por quienes realmente lo representan. 

Esta exigencia implica la reafirmación de lo expresado por la multipartidaria en orden a la defensa integral de los recursos naturales y específicamente de los hidrocarburos, defensa que significa la irrenunciabilidad de la propiedad de la Nación sobre el subsuelo, garantizando el monopolio de YPF.

Deberá revertirse necesariamente, esta política de hambre y desocupación y deberá volverse al Estado de Derecho, con la plena vigencia de la soberanía popular. Dentro de este marco la dictadura militar deberá mantener informado el pueblo de la República sobre las condiciones en que se dispone a negociar por vía diplomática ya que no solo es irrenunciable el territorio recuperado sino también los derechos soberanos sobre el mismo, no debiendo permitirse, en consecuencia, que la negociación se traduzca en concesiones económicas o militares a una de las superpotencias (EEUU o URSS).

Nos preocupa la acción del gobierno que parece no comprender la seriedad de la situación y fomenta desde los medios de comunicación el espíritu belicista, sin dar las explicaciones del caso y sin importare qué piensa el país.

Tanto en las declaraciones del gobierno como la manifestación del sábado 10 de abril son muestra del objetivo oculto de la medida: ganar espacio político para obtener una salida fácil y elegante e imponer un manto de olvido a lo que ellos hicieron desde el 24 de marzo de 1976 a la fecha.

La soberanía se debe defender día a día, en forma pacífica, pero indeclinable. Hoy parece que quien la renunció y entregó el orgullo nacional se desespera por recuperar su imagen a cualquier costo.

 Hay que mantener la serenidad que nos impone nuestra conciencia limpia.

No prestaremos apoyo incondicional al gobierno militar, no queremos sumarnos al as voces irresponsables que cantan loas a las FFAA demostrando una total inconsciencia sobre la seriedad de la situación actual, ya que este gobierno demostró durante seis años su incapacidad para conducir los destino de la Nación.

Solo apoyaremos la acción de defensa nacional pero participando en las decisiones e imponiendo los cambios impostergables.
                                     11 de abril de 1982.-

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